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El nuevo “pacto social” en Argentina encara el nuevo coronavirus

El nuevo presidente Alberto Fernandez asumió el puesto hace algunos meses nomas y ya se enfrenta a una gran crisis social, la llegada del nuevo coronavirus al país. Argentina ha empezado con las medidas restrictivas desde mediados de Marzo, siendo el país en la región que más determinación ha tenido en este sentido, mientras Brasil y Chile se veen plagados de conflictos internos y medidas tibias, además de, claro, un creciente número de infectados.

Una vez más en el poder, el peronismo se muestra extremamente unificado y haciendo mover la máquina corporativa que estructura el país: gobierno, sindicatos y empresarios con acciones y discursos bastante alineados, bajo la conducción de Alberto Fernandez. Nos ha impresionado, como militantes, el acatamiento de las principales empresas del país a las primeras medidas de protección a los y las trabajadoras (teletrabajo, licensia a la población de riesgo, cierre de los shopping centers etc), además de la casi nula oposición al anuncio de la cuarentena total el día jueves 19/03 a la noche. La mayoría de los sindicatos han apoyado desde el principio los reclamos para el cierre de lugares de trabajo no-esenciales (con algunas excepciones, como las fábricas de neumático FATE), demostrando que el acuerdo ya estaba hecho con las patronales, y han ofrecido sus infraestructuras para las medidas de emergencia sanitaria (principalmente hoteles de propiedad sindical, además de sus sedes, etc).

Sin embargo, más allá del acuerdo de caballeros, durante la primera semana de cuarentena han salido comunicados de diferentes sectores de trabajadores denunciando los riesgos de las actuales condiciones de trabajo (falta de insumos de higiente, aglomeración, tareas no-esenciales etc), en lugares tan importantes como en los aeropuertos, trabajadores del transporte público, supermercados, incluso de trabajadores y trabajadores de la salud, reclamos completamente ignorados por sus respectivos sindicatos. Después del primer momento de “unidad” ya se empieza a ver quienes quedamos por afuera del nuevo “pacto”.

El nuevo “pacto social”, como se llama en Argentina los períodos de paz entre las principales patas corporativas del país (gobierno, empresarios y sindicatos), debe mucho al aparato peronista en el gobierno, pero es también resultado del fracaso rotundo del último presidente, Mauricio Macri, en ordenar la economía. Aunque la relación sea pacífica, la negociación es intensa: entrada la segunda semana de cuarentena, sindicatos y empresarios se unen para presionar el gobierno a flexibilizar la cuarentena a fin de “proteger empleos”.

Si bien Alberto Fernandez tiene como su vice a la ex-presidenta Cristina Kirchner, esos pocos meses han mostrado ciertas diferencias importantes para observar. Cristina Kirchner, así como su fallecido marido, también ex-presidente, Nestor Kirchner, gobernaron con ayuda de los movimientos sociales surgidos en los años 90 y principios del 2000. Parte importante de la tecnología de gestión creada entonces se basaba en la integración de estos movimientos como gestores de programas de asistencia social del Estado. Sin embargo, el nuevo presidente está enviando señales de que no está de acuerdo con esta intermediación. Ya a principio del año el gobierno anunció un nuevo programa asistencial, las “Tarjetas Alimentarias”, que recibió críticas de algunos dirigentes “piqueteros” debido a que el Estado estaría entregando directamente las tarjetas a la población (más parecido con el modelo brasileño de la “Bolsa Familia”).

La misma lógica se muestra en una medida anunciada para hacer frente a los problemas económicos de los y las trabajadoras informales durante la cuarentena. Desde los primeros días de la medida restrictiva, algunas organizaciones empezaron a girar por Whatsapp un texto que mencionaba un auxilio de $5.000 pesos por persona, por trés meses, para trabajadores informales. Cada organización decía que estaba en diálogo directo con el gobierno, que pronto anunciarían oficialmente, y que mientras tanto todos y todas las interesadas deberían anotarse en sus planillas para recibir la suma. Sin embargo, pocos días después vino el anuncio oficial del gobierno, de un auxilio de $10.000, una sola suma, que será tramitado directamente en la agencia estatal de asistencia social. Una vez más, las organizaciones sociales y políticas quedan excluídas del armado estatal del nuevo presidente. Quizás esta nueva situación no tenga repercusiones inmediatas, pero puede indicar una nueva forma de tecnología de gestión gubernamental sobre los sectores más empobrecidos de nuestra clase.

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